La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió el año pasado una instrucción sobre el uso de medios de contención mecánicos o farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros residenciales y sociosanitarios, con el objetivo de limitar su uso ante el efectivo reconocimiento y salvaguarda de la dignidad de las personas mayores o con alguna discapacidad que puedan ser sometidos a estos medios.
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